La UIPBA y el ADA llegaron a un acuerdo para la reformulación del decreto del denominado “Canon del Agua”, que incorporará equidad intersectorial, generará seguridad jurídica a largo plazo.
El entendimiento se realizó en el marco de una reunión que mantuvo el presidente de la UIPBA, Martín Rappallini, con el titular de ADA, Pablo Rodrigué, y del que participaron además el secretario de la entidad, Alejandro Gentile; el tesorero, Pedro Fioriliso; el director ejecutivo, Nicolás Eliçabe; la presidenta del Departamento de Ambiente y Sustentabilidad, Flora Otero, y su vice, Juan Fernández.
En tanto, por el organismo provincial, estuvieron presentes Fabián Mazzanti y Lucas Malbrán, miembros del Directorio, y José Luis Álvarez y Carlos Fanín, asesores técnicos del mismo.
Las negociaciones entre la UIPBA y ADA se realizan desde hace más de un año, e incluyó un fuerte trabajo de los equipos técnicos de la entidad industrial y de los funcionarios bonaerenses, con el objetivo de destrabar uno de los principales conflictos que se había generado por la discrecionalidad del cobro del gravamen, que se comenzó a aplicar en el año 2014.
“Los acuerdos son resultado de un trabajo de diálogo y consenso que permitió generar un marco de entendimiento para las partes”, destacó Rappallini, luego del encuentro que mantuvo con Rodrigué.
Y agregó: “Esto es parte de la agenda de trabajo que desarrolla la UIPBA, en donde los términos del acuerdo se elaboraron de manera conjunta con ADA, que incluyó una comunicación y un trabajado constante con nuestros socios sectoriales y territoriales”.
De concretarse la iniciativa a través de un decreto, comenzará a utilizarse una fórmula razonable para calcular el canon, lo que generará que el sector productivo tendrá previsibilidad tanto en el uso como en la provisión y disponibilidad del recurso, además de la sustentabilidad por la correcta utilización del recurso hídrico de la provincia de Buenos Aires.
Al respecto, Pablo Rodrigué sostuvo: “nos encontramos frente a la posibilidad sin precedentes de impulsar iniciativas acorde a los tiempos que corren en términos de cooperación público-privada, contemplando las necesidades y particularidades del sector productivo, desde la perspectiva de la equidad y la sustentabilidad”.
“Esta potencial legislación se transformará en un ‘leading case’ porque tiene una serie de vinificaciones que se hacen a la reutilización del agua y a la restitución a los cuerpos y cursos de agua, garantizando la calidad. Este uso tendrá un incentivo económico para lograr el cumplimiento, punto muy interesante y distintivo. Por eso servirá como ejemplo para el resto de los temas, no sólo en provincia en Buenos Aires”, afirmó la presidenta del Departamento de Ambiente y Sustentabilidad, Flora Otero.
La nueva norma, además, generará certeza jurídica porque la regulación generará reglas más claras sobre el costo, el origen del cobro y cuál es la diferencia de los precios por el uso de agua subterránea o de la superficial. “La subterránea es un agua fósil que hay que preservar para que se recarguen los acuíferos, y permitir la mejor gestión del recurso. Todos temas que antes no estaban y que este decreto los contemplará”, sostuvo Otero.