A partir de una investigación llevada a cabo por el Dr. Luciano M. Di Gresia y el Lic. Pedro A. Aramburu, del Observatorio Fiscal Federal, en la cual se analiza la posición de la provincia dentro del esquema fiscal a nivel nacional, agrupaciones empresarias trabajan en propuestas que consideran necesarias para el desarrollo del entramado productivo, basadas fundamentalmente en solucionar los problemas estructurales relacionados con el territorio, el desarrollo urbano y la carga impositiva.
Las asociaciones empresarias presentaron en el encuentro “Somos Industria 2023” los “lineamientos para un plan de desarrollo de la Provincia de Buenos Aires”. En el documento, basado en una extensa investigación, se proponen una serie de ideas para que la provincia pueda realizar los cambios necesarios para potenciar el crecimiento.
La provincia de Buenos Aires reúne el 49% de los establecimientos industriales del país, participa del 37,3% de las exportaciones argentinas y representa el 38,5% del consumo a nivel nacional. Sin embargo, este extenso y productivo territorio ha sido históricamente postergado en la distribución de la renta federal.
Esto ha llevado a que los distintos gobiernos provinciales reaccionen fortaleciendo la recaudación propia y exigiendo un mayor esfuerzo tributario a los bonaerenses. Así, muchas veces, cuando este recurso resulta insuficiente, la provincia recurre al gobierno federal por transferencias no automáticas discrecionales, lo cual impacta directamente en la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y el gobierno provincial.
Pero, ni aún así, la provincia de Buenos Aires pudo resolver el déficit generado por la distribución de la coparticipación y tuvo que endeudarse en mayor medida que el resto de las provincias durante los periodos de apertura de los mercados financieros. Actualmente, el territorio bonaerense tiene el 42,3% sobre el total de la deuda de todas las provincias.
En relación a este desajuste en las cuentas bonaerenses, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, afirmó que «la provincia ha rescindido recursos pero no gastos, y esos gastos fueron financiados en gran parte por el sector privado”, al tiempo que se refirió a la situación de industriales y comerciantes, quienes “han soportado una enorme presión tributaria para el financiamiento del estado provincial, a costa de una menor productividad y competitividad en relación a las PyMEs de otras provincias».
Además, como herramienta complementaria para equilibrar las cuentas fiscales, se trabajó sobre el ajuste del gasto público, evidenciado en términos de Producto Bruto Geográfico (PBG) como un porcentaje de gasto inferior al resto de las provincias.
Todo este desbarajuste en las cuentas ha sido un escollo para el crecimiento. Al respecto, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), señaló que “para poder atender al crecimiento y el desarrollo pleno de la provincia, el reordenamiento fiscal es una de las primeras necesidades que hay que atender, asuma quien asuma. Solo a partir de ahí, se puede proyectar el crecimiento sostenido y a largo plazo”.
Considerando la fuerte desventaja de la provincia en materia de coparticipación fiscal, también se generó una brecha en infraestructura. El resultado es que la región más estratégica del país, por su importancia en industria y exportaciones, tiene un enorme déficit en la prestación de bienes y servicios públicos. El promedio de esta brecha es del 1,9% del PBG de la provincia y, para este año, se proyecta en 1,7%. A valores actuales, la brecha de infraestructura acumulada en las últimas dos décadas alcanza los US$ 82.456 millones.
Sobre este punto, Guillermo Siro aseveró que «hay un ineficiente uso de los recursos en materia de educación e infraestructura, imprescindibles para facilitar los procesos productivos y el traslado de la producción industrial y agropecuaria, base de desarrollo de las economías regionales».
Por su parte, Lucas Luciano, presidente de la Delegación provincia de Buenos Aires de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), sostuvo: “la infraestructura provincial sufre un deterioro de décadas, y este gobierno provincial ha hecho una gran inversión, pero para no seguir siendo la provincia con los campos más ricos y las rutas más pobres, la inversión en infraestructura se debe convertir en una política de Estado. Seguiremos bregando por un nuevo sistema de coparticipación”.
De esta manera, el grupo de empresarios Generación por una Argentina Mejor (GAM) fue quien motivó el encuentro de las seis principales cámaras empresarias bonaerenses para que inicien un espacio de reflexión colectiva multisectorial con perspectiva integral y de largo plazo.
Inspirados por esta visión, la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Delegación Buenos Aires de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO PBA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) elaboraron este informe que resalta, como ejes centrales para un plan de desarrollo sostenible, el esquema de financiamiento, el desarrollo de la actividad productiva y la sostenibilidad fiscal, productiva y social que la provincia de Buenos Aires necesita.
Al respecto, las seis asociaciones plantean una reforma tributaria de carácter federal con el objetivo de favorecer el desarrollo del sector privado. Esta reforma incluye, por ejemplo, la sustitución plena o atenuación del impuesto a los Ingresos Brutos, algo que se ha intentado muchas veces en la historia argentina, y que aumentaría la competitividad de las industrias en el mundo.
Además de apostar por la sustitución, el informe de las organizaciones bonaerenses plantea la necesidad de no descuidar las mejoras que puedan desarrollarse, a través de algunas alternativas como la disminución del efecto cascada con un esquema de alícuotas crecientes en las cadenas de valor y el ordenamiento de los esquemas de agentes de recaudación (retenciones y percepciones) para disminuir la carga sobre los contribuyentes por la generación de saldos a favor, junto al ordenamiento del funcionamiento del convenio multilateral.
Otro de los impuestos alcanzados por esta propuesta de reforma tributaria son los Derechos de Exportación a nivel nacional (DEX). Siendo la cadena agroindustrial uno de los sectores más relevantes de la provincia, resulta imprescindible desarrollar un esquema tributario que impulse la producción, la inversión y la generación de divisas por exportación. En este sentido, deben priorizarse los efectos de eliminar los DEX a mediano y largo plazo sobre la productividad del sector agroindustrial, dado que se trata de un mecanismo impositivo ineficiente en términos de estrategia de desarrollo. En tal caso, se podrían plantear adicionalmente adecuaciones del impuesto inmobiliario rural que favorezcan la autonomía fiscal de la provincia.
A su vez, en las plantas urbanas, se plantea un estudio de cambio de la lógica del impuesto, migrando desde el esquema actual de costos de reposición hacia un esquema de valores de mercado, es decir, desde un objetivo recaudatorio hacia un objetivo de equidad.
Asimismo, respecto al impuesto de sellos, el informe afirma que este tributo representa en muchos sentidos un obstáculo a la formalización. Por lo tanto, es el principal candidato en un esquema de disminución de la presión impositiva, algo abordado en el Consenso Fiscal de 2017.
En conclusión, la “Presentación de los Lineamientos para un plan de desarrollo de la Provincia de Buenos Aires (PBA)” propone algunas ideas, tales como reformar el modelo actual de gestión de políticas públicas para alcanzar el objetivo de obtener un esquema de financiamiento a largo plazo de la brecha de infraestructura, transformar tributos con acuerdos federales para desarrollar la actividad productiva en la provincia, y una descentralización de la educación para lograr una mayor sostenibilidad social, fiscal y productiva, de manera de reformar el gasto provincial para lograr mayores eficiencias y obtener una presión tributaria razonable que permita el desarrollo productivo y social.